En esa discusión, la abogacía pública tiene mucho para aportar. Miles de abogados y abogadas trabajan diariamente en los servicios jurídicos del Estado, garantizando la legalidad de los actos administrativos, defendiendo el patrimonio público y asegurando que las decisiones de gobierno se ajusten a la Constitución y a las leyes. Una tarea que muchas veces pasa inadvertida, pero que resulta fundamental para el funcionamiento de nuestras instituciones.
Quienes ejercemos la abogacía del Estado sabemos que esa responsabilidad requiere preparación, independencia de criterio y compromiso profesional. También conocemos las dificultades que atraviesan nuestros colegas: salarios que han perdido poder adquisitivo, profesionales que deben complementar sus ingresos con el ejercicio privado, falta de concursos regulares y la necesidad de avanzar hacia una carrera profesional que reconozca nuestra formación y responsabilidades.
Desde la Asociación Gremial de la Abogacía del Estado venimos trabajando para dar respuesta a estas demandas. La jerarquización profesional, la recomposición salarial y los concursos transparentes forman parte de una agenda que sostenemos desde hace años, con la convicción de que mejores condiciones para ejercer nuestra tarea también contribuyen a mejorar la calidad institucional.
Pero defender a la abogacía también significa generar oportunidades para que cada profesional pueda crecer. Con esa convicción acompañamos la creación de la Escuela de Capacitación de la Abogacía Pública (ECAP), un espacio pensado para brindar herramientas de formación y actualización, pero también para encontrarnos, compartir experiencias y conocer las dificultades de nuestros colegas. Porque el conocimiento jerarquiza, y una profesión mejor preparada tiene más herramientas para afrontar los desafíos de una Justicia cada vez más compleja.
Esta realidad también nos demuestra que las dificultades de la abogacía pública y privada tienen cada vez más puntos en común. Las demoras judiciales, los problemas vinculados con los honorarios, la necesidad de modernizar los procedimientos y las dificultades para acceder a instancias de capacitación afectan cotidianamente a miles de profesionales. Por eso necesitamos una representación que conozca esas realidades y pueda llevarlas a los ámbitos donde se toman decisiones.
El Consejo de la Magistratura cumple un papel fundamental en la selección y disciplina de magistrados y en la administración del Poder Judicial. Las decisiones que se adoptan en ese ámbito tienen consecuencias sobre el funcionamiento de la Justicia y, por lo tanto, sobre las condiciones en las que ejercemos nuestra profesión. Allí también debe estar presente la experiencia de quienes conocen el derecho desde la práctica cotidiana, tanto en el ámbito público como en el privado.
Hace pocos días, organizamos un encuentro donde participaron más de 300 colegas en la Ciudad de Buenos Aires para conversar sobre estos desafíos y compartir una mirada sobre el futuro de nuestra representación profesional. Estos encuentros tienen un valor especial porque nos permiten escucharnos, reconocer problemas comunes y entender que la organización y la participación son herramientas fundamentales para defender nuestros intereses.
La próxima elección representa una oportunidad para poner estas discusiones en primer plano. Necesitamos que el debate sobre la representación de la abogacía incluya propuestas concretas para mejorar el funcionamiento de la Justicia, respetar el ejercicio profesional, ampliar las oportunidades de formación y garantizar que las distintas realidades de nuestra profesión sean escuchadas.
Desde AGAE vamos a seguir trabajando con esa convicción, construyendo espacios de encuentro, impulsando la capacitación y defendiendo la jerarquización de quienes ejercen la abogacía del Estado.
La abogacía pública tiene experiencia, conocimiento y una responsabilidad institucional que merece ser reconocida. Es momento de que esa voz también ocupe el lugar que le corresponde en las discusiones sobre el futuro de nuestra Justicia.