Ser abogado del Estado implica asumir una responsabilidad que va mucho más allá de un expediente, un dictamen o una intervención judicial. Significa comprender que detrás de cada decisión administrativa hay normas que respetar, derechos que proteger y un interés público que defender.
En AGAE siempre decimos que llevamos en nuestro ADN ser guardianes de la Constitución, de la legalidad y de la transparencia de los actos de gobierno. Y esa definición expresa profundamente lo que somos. Porque nuestra responsabilidad profesional es garantizar que el ejercicio del poder público encuentre siempre sus límites en el Derecho.
Conocemos también las dificultades de nuestra profesión. Sabemos lo que significa trabajar con recursos limitados, asumir responsabilidades cada vez mayores y enfrentar situaciones en las que nuestro esfuerzo no siempre recibe el reconocimiento que corresponde.
Por eso, cuando hablamos de jerarquizar la Abogacía Pública, hablamos de cuestiones concretas: mejores condiciones laborales, reconocimiento profesional, oportunidades de crecimiento y una carrera que valore nuestra preparación y nuestras responsabilidades.
La experiencia que acumulamos durante años en el ejercicio de la función pública es un patrimonio que debemos valorar. Pero también sabemos que esa experiencia, por sí sola, no alcanza. Necesitamos seguir preparándonos, fortalecer nuestra organización y contar con mejores herramientas para ejercer nuestra profesión.
Con esa convicción, desde AGAE impulsamos el lanzamiento de FUNDEA, la Fundación para el Desarrollo de la Abogacía, y de la Escuela de Capacitación de la Abogacía Pública (ECAP). Porque estamos convencidos de que la capacitación es una herramienta concreta para jerarquizar nuestra profesión, defenderla y generar nuevas oportunidades para nuestros colegas.
Formarnos, actualizarnos y compartir conocimientos nos permite ejercer mejor nuestra tarea, pero también encontrarnos como colegas, construir vínculos y sentirnos parte de una comunidad profesional que comparte responsabilidades y desafíos.
Ese sentido de pertenencia es uno de los valores más importantes que hemos construido. Saber que detrás de cada abogado y abogada del Estado hay una historia, años de estudio, esfuerzo y una vocación que merece ser reconocida.
También creo profundamente que nuestra experiencia tiene mucho para aportar a las instituciones de la Justicia. La Abogacía Pública necesita participar, tener representación y hacer escuchar su voz en ámbitos donde durante mucho tiempo no fue convocada.
Hoy me toca circunstancialmente asumir una responsabilidad como candidato al Jurado de Enjuiciamiento de la Ciudad de Buenos Aires. Pero hay algo que siento profundamente: cualquiera de nuestros colegas podría ocupar este lugar. Porque tenemos la preparación, la experiencia y el compromiso necesarios para participar en ámbitos donde durante mucho tiempo nuestra voz no estuvo presente.
Y quizás ahí esté uno de los mayores motivos de orgullo. Saber que representamos a una comunidad de profesionales que todos los días trabaja por la legalidad, la transparencia y el funcionamiento de nuestras instituciones, muchas veces en silencio y sin el reconocimiento que merece.
Por encima de cualquier responsabilidad institucional, hay algo que me acompaña todos los días: el orgullo de pertenecer a esta profesión y de compartir el camino con tantos colegas que, desde distintos lugares del país, sostienen con compromiso y dedicación el trabajo jurídico del Estado.
Porque ser abogado del Estado es una responsabilidad que asumimos con convicción, una profesión que defendemos con compromiso y, sobre todo, un orgullo que llevamos con nosotros.
