El Tribunal del Trabajo N.º 3 del Departamento Judicial de La Matanza rechazó la demanda presentada por un trabajador despedido tras participar en un bloqueo a una planta industrial y consideró que esa conducta no se encontraba amparada por el derecho constitucional de huelga.
La sentencia fue dictada por los jueces Pedro Romano, Hernán Busetti y Marcelo Molaro, quienes desestimaron los reclamos indemnizatorios de Silvio Chamorro, exempleado de la firma Química Rame.
El caso se originó en un conflicto sindical ocurrido a fines de 2021 en una planta ubicada en Villa Luzuriaga, provincia de Buenos Aires.
El conflicto laboral
Chamorro trabajaba como chofer de la empresa desde mayo de 2010.
El conflicto se produjo en el marco de una disputa de representación sindical entre organizaciones del sector químico, que derivó en protestas y en el bloqueo de los accesos al establecimiento.
La empresa sostuvo que la medida impidió el normal desarrollo de sus actividades y posteriormente dispuso distintos despidos.
Chamorro fue desvinculado el 12 de enero de 2022 por pérdida de confianza y promovió una demanda en la que reclamó indemnización por despido, reparación por presunta afectación de la estabilidad sindical, daño moral y otros conceptos.
La diferencia entre huelga y bloqueo
El tribunal examinó el alcance del derecho de huelga reconocido por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y lo distinguió de las conductas que impiden materialmente el ingreso o la salida de un establecimiento.
En su razonamiento, los magistrados consideraron que el bloqueo constituye una acción obstructiva que no puede equipararse automáticamente con el ejercicio legítimo de una medida de fuerza.
La sentencia también diferenció las acciones de persuasión vinculadas con una protesta de aquellas que implican impedir físicamente el acceso a la planta.
Para fundamentar su decisión, el tribunal examinó disposiciones del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo y criterios de sus órganos de control.
La valoración de las pruebas
Los jueces analizaron testimonios, actuaciones de una investigación penal y actas notariales incorporadas al expediente.
A partir de ese conjunto probatorio, consideraron acreditada la participación del trabajador en conductas que configuraron una injuria laboral suficiente para justificar el despido.
El tribunal también rechazó el planteo de tutela sindical.
Según la sentencia, el demandante no reunía los requisitos de antigüedad de afiliación previstos en la Ley 23.551 y la elección invocada presentaba irregularidades formales.
Qué alcance tiene la decisión
El pronunciamiento se refiere a las circunstancias de un conflicto laboral concreto y no implica una prohibición general del derecho de huelga ni de las manifestaciones sindicales.
La resolución distingue entre el ejercicio de derechos colectivos constitucionalmente protegidos y determinadas conductas que, según la valoración judicial del caso, pueden constituir incumplimientos laborales graves.
El fallo tiene relevancia para la práctica del derecho del trabajo porque aborda los límites de las medidas de acción directa, la acreditación de injurias laborales y los requisitos para invocar estabilidad sindical.