Las comisiones de Justicia y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados avanzaron con el tratamiento de los convenios de transferencia de competencias judiciales de la Nación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Durante la reunión conjunta, celebrada el 27 de octubre de 2026, se emitió un dictamen de mayoría con 45 firmas y otro de minoría con dos firmas, en el marco del debate sobre el traspaso de la Justicia Nacional de Menores y de nuevas competencias penales a la jurisdicción porteña.

El encuentro estuvo presidido por el diputado Álvaro Martínez y contó con la participación de representantes de la magistratura nacional, que expresaron objeciones al alcance institucional de los acuerdos.

Las advertencias de la magistratura nacional

El presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), Andrés Basso, expuso la posición histórica de la entidad contraria al traspaso de la Justicia Nacional al ámbito de la Ciudad.

Durante su intervención, sostuvo que la posición institucional se encuentra fundamentada en la Constitución Nacional y en la Ley 24.588.

La magistrada Paula Castro, integrante del Consejo Directivo de la Asociación, planteó que la transferencia del fuero penal juvenil debe considerar la especialización de los tribunales, los equipos interdisciplinarios y los recursos necesarios para garantizar la continuidad del servicio judicial.

Por su parte, Gabriela Vázquez, jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y consejera de la Magistratura de la Nación, cuestionó las consecuencias que una reorganización de esta naturaleza podría tener sobre las garantías institucionales.

Qué implica el traspaso

Uno de los convenios analizados contempla la transferencia de la función judicial en materia criminal y correccional de menores desde el ámbito nacional hacia el Poder Judicial de la Ciudad.

El otro acuerdo comprende una nueva etapa de transferencia progresiva de competencias penales.

Las iniciativas forman parte del proceso de reorganización de las competencias judiciales entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires.

La discusión comprende cuestiones vinculadas con la autonomía porteña, la organización de los tribunales, la continuidad de los procesos judiciales y la situación del personal que actualmente presta funciones en los organismos alcanzados.

Un debate sobre autonomía y garantías judiciales

Durante la reunión se expresaron diferentes posiciones respecto del alcance de los convenios.

Desde los sectores que respaldan la transferencia se destacó la importancia de avanzar en el ejercicio de las competencias propias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En cambio, representantes de la magistratura nacional y legisladores que formularon objeciones señalaron la necesidad de preservar la especialización del fuero penal juvenil y asegurar condiciones adecuadas para la transición.

El debate también incluyó consideraciones sobre la disponibilidad de recursos y la continuidad de las estructuras judiciales existentes.

Los próximos pasos

Los convenios ya cuentan con aprobación del Senado y su tratamiento continúa en la Cámara de Diputados.

La emisión de dictámenes constituye un avance en el procedimiento legislativo, pero no equivale a la aprobación definitiva de los acuerdos por parte del Congreso.

La comunicación oficial de la Cámara de Diputados reúne los principales argumentos expuestos durante el encuentro y los resultados de la reunión conjunta.

El eventual tratamiento de los convenios en el recinto será la próxima instancia institucional relevante para determinar el futuro de la transferencia.