El vicepresidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, volvió a reclamar cambios en el sistema de selección de magistrados y planteó que las entrevistas personales no deberían permitir modificaciones injustificadas del orden de mérito obtenido por los postulantes.
El juez formuló estas consideraciones durante la jornada “Diálogos”, organizada por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, encabezado por su presidenta, Fernanda Mieres.
El debate sobre las entrevistas personales
Rosenkrantz insistió en la necesidad de que el Consejo de la Magistratura avance con el tratamiento de una propuesta reglamentaria impulsada desde la Corte en marzo.
El planteo busca limitar la incidencia de las entrevistas personales en los resultados de los concursos, una etapa que actualmente puede modificar las posiciones alcanzadas por los candidatos mediante la evaluación de antecedentes y oposición.
Según el magistrado, el sistema debe garantizar mayor transparencia y fundamentación en las decisiones que alteran el orden de mérito.
La discusión adquiere especial relevancia porque las ternas que elabora el Consejo constituyen una instancia fundamental para la designación de jueces nacionales y federales.
El papel de la abogacía
Durante su exposición, Rosenkrantz también puso el foco en la responsabilidad de los representantes de los abogados dentro del Consejo.
Recordó que la abogacía cuenta con cuatro integrantes en el organismo y destacó su incidencia en las decisiones que requieren mayorías especiales.
En ese contexto, pidió a los profesionales que participen en las elecciones y que exijan explicaciones sobre las posiciones que adoptan sus representantes, especialmente cuando se modifican los resultados de los concursos.
Una discusión para el nuevo Consejo
El reclamo se produce a pocos días del recambio institucional previsto para el 18 de noviembre.
La propuesta de reforma continúa pendiente de tratamiento y no constituye una modificación reglamentaria ya aprobada.
El eje de la discusión es cómo compatibilizar la evaluación integral de los postulantes con reglas previsibles, transparencia y fundamentación de las decisiones.
Para la abogacía, el debate también plantea una responsabilidad institucional: controlar cómo se selecciona a quienes tendrán a su cargo la resolución de los conflictos judiciales.