Un exagente de inteligencia presentó una acción de amparo preventivo ante la Justicia Contencioso Administrativa Federal para cuestionar aspectos de la implementación de la reestructuración de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).

La presentación, patrocinada por los abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, plantea que determinados cambios de personal y organización podrían afectar la continuidad de funciones esenciales si se ejecutan sin un régimen de transición debidamente acreditado.

La causa quedó radicada en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 1, a cargo de Enrique Alonso Regueira.

Qué cuestiona la demanda

El planteo no pretende impedir que el Poder Ejecutivo reorganice el organismo ni que convoque nuevos agentes.

Su objeto es obtener tutela judicial preventiva frente a la eventual ejecución simultánea de desvinculaciones, cierres o modificaciones de delegaciones y sustituciones de personal.

Según la presentación, esas medidas deberían acompañarse de mecanismos documentados que aseguren la continuidad de las funciones estatales involucradas.

El régimen de transición

La demanda se refiere al Decreto 1021/2026, que aprobó un nuevo estatuto para el personal de la SIDE, y a la Resolución 941/2026, vinculada con el ingreso de nuevos agentes.

El accionante sostiene que debe acreditarse el cumplimiento de las previsiones transitorias establecidas para la implementación del nuevo régimen.

También solicita que el Estado aporte información sobre la transferencia de conocimientos, la redistribución de funciones y la cobertura operativa de las dependencias alcanzadas por los cambios.

El pedido cautelar

La acción incluye una solicitud de medida cautelar de no innovar respecto de determinadas desvinculaciones o modificaciones de puestos técnicos mientras no se acrediten las previsiones de continuidad.

El pedido no comprende la suspensión general de la actividad de inteligencia ni la paralización del concurso de ingreso.

El demandante también solicita medidas probatorias para acceder a información que, según argumenta, se encuentra bajo control exclusivo de los organismos estatales.

El control judicial de la administración

El caso plantea una discusión sobre los límites y las condiciones de ejercicio de las facultades de reorganización administrativa del Poder Ejecutivo.

Por un lado, el Estado dispone de atribuciones para modificar estructuras y regímenes de personal. Por otro, esas decisiones pueden ser sometidas a control judicial cuando se alega una afectación concreta de derechos o de funciones esenciales.

La presentación todavía debe ser examinada por el tribunal. La existencia del amparo no significa que la reestructuración haya sido declarada ilegal ni que se haya concedido la cautelar solicitada.