La Dirección Nacional de Migraciones (DNM) dejó sin efecto el régimen administrativo que permitía otorgar autorizaciones de residencia precaria a personas extranjeras alcanzadas por una orden de expulsión o una intimación a abandonar el territorio argentino.

La decisión fue adoptada mediante la Disposición 1547/2026, firmada el 4 de noviembre y publicada en el Boletín Oficial el viernes 6.

La nueva norma deroga expresamente la Disposición 2229/2014, que regulaba la emisión de esos permisos dentro de determinados procedimientos de control de permanencia.

Qué cambia con la nueva disposición

La regulación de 2014 habilitaba el otorgamiento de una residencia precaria, conforme al artículo 20 de la Ley 25.871, incluso cuando existía una orden administrativa de expulsión o de abandono del país.

Con la derogación, deja de estar disponible esa vía específica de autorización.

Migraciones fundamentó la decisión en la redacción actual del artículo 20 de la Ley de Migraciones, modificada por el Decreto 366/2025.

Según la interpretación del organismo, la residencia precaria corresponde a situaciones en las que una persona extranjera inició un procedimiento de regularización migratoria y aguarda su resolución.

Los fundamentos de Migraciones

En los considerandos, la DNM sostuvo que el otorgamiento de una autorización que habilita a permanecer en el país resulta incompatible, como regla, con una orden de expulsión o de abandono dictada por alguno de los impedimentos previstos en el artículo 29 de la Ley 25.871.

La disposición también distingue esas situaciones de otros supuestos regulados por la legislación migratoria, como aquellos en los que intervienen requerimientos de la Justicia.

El cambio normativo no elimina la figura general de residencia precaria, sino el mecanismo particular que había establecido la disposición derogada.

Excepciones y derecho de defensa

La propia resolución reconoce que la legislación contempla situaciones excepcionales vinculadas con la reunificación familiar y las razones humanitarias.

Asimismo, recuerda que las personas alcanzadas por decisiones migratorias conservan las garantías procedimentales y la posibilidad de recurrirlas en sede administrativa o judicial.

El artículo 74 de la Ley 25.871 regula aspectos del derecho de defensa frente a las decisiones de la autoridad migratoria.

Impacto para la práctica profesional

La modificación resulta relevante para abogados que intervienen en procedimientos migratorios, especialmente en expedientes de control de permanencia, regularización y expulsión.

En esos casos, adquieren particular importancia el análisis de los fundamentos de la orden administrativa, la procedencia de excepciones legales y la utilización de las vías de revisión disponibles.

La Disposición 1547/2026 no establece una prohibición general de toda residencia precaria ni resuelve expresamente el tratamiento de autorizaciones ya concedidas.

Su efecto normativo directo consiste en dejar sin vigencia la regulación administrativa de 2014.

Consultar el texto oficial de la Disposición 1547/2026