La Corte Suprema de Justicia de la Nación aprobó un protocolo médico destinado a orientar la evaluación de los pedidos de prisión domiciliaria por razones de salud, con el objetivo de sistematizar los criterios técnicos utilizados para determinar las condiciones sanitarias de las personas privadas de su libertad.

La decisión fue adoptada el 12 de noviembre de 2026 mediante la Resolución 2867/2026, que aprobó el documento sobre el estado de salud de los internos penitenciarios y las posibilidades de tratamiento en los establecimientos donde se encuentran alojados.

La medida constituye una nueva etapa del procedimiento iniciado en agosto, cuando el máximo tribunal había encomendado al Cuerpo Médico Forense la elaboración del instrumento a través de la Acordada 21/2026.

Qué aspectos deberán evaluarse

El protocolo fue concebido para proporcionar a los magistrados elementos técnicos que permitan analizar las solicitudes de detención domiciliaria vinculadas con enfermedades, discapacidades u otras condiciones de salud.

La evaluación comprende dos cuestiones centrales: el estado clínico de la persona detenida y las condiciones concretas del establecimiento penitenciario para garantizar la atención médica que requiere.

Entre los aspectos previstos en la elaboración del instrumento se encuentran los diagnósticos, tratamientos indicados, controles médicos, medicamentos necesarios y características de las patologías.

También deben considerarse los recursos sanitarios disponibles dentro de la unidad penitenciaria, las condiciones de alojamiento y la posibilidad efectiva de brindar los tratamientos correspondientes.

El papel del Cuerpo Médico Forense

La elaboración del protocolo fue encomendada al Cuerpo Médico Forense mediante la Acordada 21/2026, dictada el 21 de agosto.

En aquella oportunidad, la Corte señaló la necesidad de organizar y uniformar la información médica y penitenciaria utilizada por los tribunales para resolver este tipo de solicitudes.

La iniciativa también contempla la sistematización de los datos que deben proporcionar las autoridades penitenciarias sobre las condiciones de detención y los servicios de atención disponibles.

Con la aprobación del documento, el máximo tribunal formalizó el instrumento técnico cuya preparación había dispuesto meses atrás.

La decisión seguirá siendo judicial

La aprobación del protocolo no modifica por sí misma los requisitos legales para acceder a la prisión domiciliaria ni implica que una enfermedad determine automáticamente la concesión del beneficio.

La decisión continuará correspondiendo al magistrado competente, quien deberá valorar las circunstancias particulares del caso, los informes médicos y los demás elementos relevantes del expediente.

El instrumento busca aportar criterios técnicos comunes para esa evaluación, sin sustituir las facultades jurisdiccionales ni establecer resultados predeterminados.

Salud y condiciones de detención

La cuestión se vincula con las obligaciones estatales de garantizar condiciones adecuadas de detención y atención sanitaria a las personas privadas de su libertad.

El artículo 18 de la Constitución Nacional establece principios de protección respecto de las condiciones de los establecimientos penitenciarios.

En materia de prisión domiciliaria, el Código Penal y la Ley 24.660 contemplan supuestos específicos que deben ser examinados judicialmente.

El nuevo protocolo procura fortalecer la base médica y penitenciaria de esas decisiones, mediante evaluaciones individualizadas que consideren tanto las necesidades de salud como las posibilidades reales de atención dentro del sistema carcelario.