La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió dos conflictos de competencia relacionados con investigaciones penales que involucran a la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y rechazó concentrar esos expedientes en el Juzgado Federal de Campana.

La decisión mantiene en el juzgado nacional a cargo de Paula Petazzi la denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni por presunta administración fraudulenta.

Las investigaciones y la competencia judicial

Uno de los conflictos surgió cuando el Juzgado Federal de Campana, que interviene en una investigación por presunto lavado de activos vinculada con un inmueble de Pilar, reclamó la remisión de la denuncia de Tofoni.

La Corte rechazó ese desplazamiento de competencia.

En otro incidente, el máximo tribunal resolvió una controversia entre el Juzgado en lo Penal Económico N.º 8 y el juzgado de Petazzi por una denuncia sobre presuntas irregularidades en balances de la AFA.

El tribunal consideró que los hechos denunciados podían guardar relación con la investigación por administración fraudulenta y dispuso que continuaran bajo la órbita correspondiente.

La fiscalización de la AFA

En una decisión diferente, la Corte también intervino en el conflicto sobre el cambio de jurisdicción registral de la AFA.

El tribunal dejó sin efecto una sentencia de la Cámara Civil que había favorecido el traslado del control de la entidad al organismo provincial bonaerense.

La Corte sostuvo que la Inspección General de Justicia conserva sus facultades de fiscalización mientras no se complete la cancelación de la inscripción de la asociación en su jurisdicción de origen.

El alcance de las resoluciones

Las decisiones ordenan qué órganos judiciales y administrativos deben intervenir en los distintos asuntos.

No constituyen una declaración de culpabilidad sobre las personas investigadas ni resuelven el fondo de las denuncias penales.

El caso reúne dos discusiones jurídicas diferentes: las reglas de competencia para investigar presuntos delitos y las condiciones necesarias para modificar la jurisdicción registral de una asociación civil.