La causa judicial que investiga la distribución de fentanilo contaminado en establecimientos de salud sumó un nuevo planteo ante la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata.
La defensa de Nélida Agustina Bisio, exresponsable de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), solicitó que se anule su procesamiento y se dicte su sobreseimiento.
La presentación fue formulada ante la Sala III del tribunal, en el marco de la revisión de la resolución adoptada durante la instrucción del expediente.
Los argumentos de la defensa
Los abogados Diego Álvarez Bognar y Gustavo Daguerre Báez cuestionaron la atribución de responsabilidad directa a Bisio por las irregularidades vinculadas con el control de los medicamentos investigados.
La defensa sostiene que no corresponde equiparar las responsabilidades generales de conducción de un organismo con la intervención penal individual en los hechos que dieron origen a la causa.
En ese sentido, busca que la Cámara examine las funciones concretas de la exfuncionaria, su conocimiento de las circunstancias investigadas y las decisiones que estaban bajo su competencia.
El planteo solicita la revocación del procesamiento y el sobreseimiento. También se ha informado sobre una petición subsidiaria de falta de mérito.
Una investigación sobre controles sanitarios
El expediente examina las circunstancias que permitieron la fabricación, circulación y administración de partidas de fentanilo contaminadas con bacterias.
La investigación involucra a establecimientos farmacéuticos y a funcionarios vinculados con organismos de fiscalización sanitaria.
Uno de los ejes de la causa es determinar qué advertencias e informes estaban disponibles, qué medidas fueron adoptadas y si existieron omisiones penalmente relevantes.
Responsabilidad administrativa y responsabilidad penal
El planteo de la defensa introduce una cuestión jurídica central: la diferencia entre la responsabilidad institucional de quien dirige un organismo y la responsabilidad penal que puede atribuirse por conductas individuales.
Para establecer esta última no basta con identificar una posición jerárquica. Es necesario analizar los deberes concretos, las conductas atribuidas, los elementos subjetivos exigidos por el tipo penal y la relación con los hechos investigados.
La determinación de esos extremos corresponde a los tribunales, a partir de las pruebas incorporadas al expediente.
La decisión pendiente
La Sala III de la Cámara Federal de La Plata deberá resolver los planteos formulados contra el procesamiento.
Hasta que exista una decisión, la presentación de la defensa no modifica por sí misma la situación procesal de la exfuncionaria.
La investigación continúa abierta y las responsabilidades individuales deberán establecerse mediante las decisiones judiciales correspondientes.