El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia de Buenos Aires dispuso la suspensión del camarista de San Isidro Ernesto García Maañón y ordenó embargar el 40% de sus haberes.

La medida fue adoptada por unanimidad durante una audiencia realizada el 3 de noviembre, en la que el jurado admitió las acusaciones formuladas contra el integrante de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro.

Las denuncias que dieron origen al proceso

El procedimiento se inició a partir de la denuncia de una funcionaria judicial que atribuyó al magistrado conductas de presunto acoso sexual, violencia laboral y abuso de poder.

A esa presentación se sumaron otras imputaciones vinculadas con el trato al personal, la utilización de recursos judiciales, la delegación de firma digital y posibles presiones sobre testigos.

El Colegio de Abogados de San Isidro también formuló una denuncia que fue incorporada al expediente.

Suspensión y continuidad del jury

El jurado, presidido por Sergio Gabriel Torres, consideró reunidos los requisitos para admitir la acusación y avanzar hacia las siguientes etapas del procedimiento.

La decisión también impide, en esta instancia, que se acepte la renuncia presentada por García Maañón, circunstancia relevante para la continuidad del proceso de responsabilidad institucional.

Las partes cuentan con un plazo para ofrecer pruebas y plantear cuestiones vinculadas con el debate.

Una decisión que no implica destitución

La suspensión y el embargo constituyen medidas adoptadas dentro del procedimiento de enjuiciamiento. No equivalen a una declaración definitiva de responsabilidad ni a la destitución del magistrado.

En paralelo, continúa una investigación penal vinculada con las denuncias.

El caso vuelve a poner en discusión los mecanismos de control y responsabilidad de quienes ejercen funciones judiciales, así como las garantías que deben respetarse durante los procedimientos disciplinarios.