El Colegio de Abogados de Córdoba inició una nueva etapa institucional con una agenda que busca combinar la defensa del ejercicio profesional con la incorporación de herramientas tecnológicas y una mayor participación en las decisiones que afectan a los matriculados.
Bajo la presidencia de Eduardo Bittar, quien asumió un segundo mandato al frente de la institución, el Directorio estableció los principales lineamientos de trabajo para el período 2026-2028.
La propuesta contempla fortalecer la representación profesional, mejorar los servicios que brinda el Colegio y profundizar su intervención ante las dificultades que enfrentan los abogados en tribunales y organismos administrativos.
La defensa profesional como prioridad
Uno de los ejes centrales de la gestión es la defensa de las condiciones en las que se ejerce la abogacía.
Desde la institución plantean la necesidad de mantener una participación activa frente a los problemas cotidianos que atraviesan los profesionales en los tribunales, las comisiones médicas, los establecimientos penitenciarios y las dependencias administrativas.
El objetivo es que los reclamos de los matriculados se traduzcan en gestiones concretas ante los organismos correspondientes.
En esa línea, el Colegio también busca fortalecer su participación en los debates legislativos relacionados con las incumbencias profesionales.
Durante la primera reunión del nuevo Directorio se abordaron iniciativas vinculadas con la asistencia a víctimas de delitos y las competencias de los organismos de defensa pública.
La posición institucional apunta a garantizar que los cambios normativos que incidan sobre el ejercicio de la profesión sean discutidos con participación de sus representantes.
Inteligencia artificial y modernización judicial
La incorporación de tecnología ocupa otro lugar destacado dentro de la agenda.
Entre las herramientas mencionadas se encuentra LegalIA, una iniciativa de inteligencia artificial desarrollada en el ámbito del Colegio para brindar recursos de utilidad profesional.
La institución informó que continuará trabajando en la incorporación de jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, con los correspondientes procedimientos de anonimización.
También se incluyó entre los temas de gestión el funcionamiento del Sistema de Administración de Causas (SAC), una herramienta central para la actividad judicial provincial.
La modernización tecnológica aparece así vinculada con una necesidad práctica: facilitar las tareas de los abogados y reducir dificultades operativas en su relación cotidiana con la Justicia.
Capacitación y participación territorial
La formación académica constituye otro de los objetivos del nuevo período.
El Colegio proyecta sostener una oferta de capacitación relacionada con las necesidades del ejercicio profesional y fortalecer la articulación con universidades públicas y privadas.
Entre las iniciativas mencionadas se encuentra la preparación de profesionales interesados en participar de concursos para integrar el Poder Judicial provincial.
La agenda también contempla reforzar la presencia territorial de la institución y mejorar los canales de comunicación con los matriculados.
El desafío será convertir esos lineamientos en resultados verificables durante los próximos dos años.
Para la abogacía cordobesa, la nueva gestión plantea una discusión que atraviesa a numerosos colegios profesionales del país: cómo combinar la representación institucional tradicional con servicios modernos, formación continua y respuestas concretas a los problemas del ejercicio profesional.