El juez federal Ariel Lijo amplió el procesamiento del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la contratación de prótesis e insumos médicos de alto costo.
La decisión se produjo a partir de un nuevo tramo del expediente impulsado por el fiscal federal Franco Picardi, que investiga supuestas maniobras de direccionamiento de compras públicas y adjudicaciones a proveedores vinculados con funcionarios y personas de su entorno.
La resolución también comprende a otros imputados, entre ellos exfuncionarios del organismo y empresarios relacionados con las contrataciones investigadas.
Las compras bajo investigación
De acuerdo con la información difundida sobre el expediente, la investigación se concentra en operaciones realizadas entre diciembre de 2023 y octubre de 2025.
La hipótesis del Ministerio Público Fiscal sostiene que determinadas adquisiciones de insumos médicos de alto costo habrían sido orientadas deliberadamente hacia proveedores favorecidos, a cambio de presuntos retornos y beneficios indebidos.
El análisis incluye contrataciones de prótesis e insumos ortopédicos y diferencias entre los valores abonados y los precios utilizados como referencia en la investigación.
Según la cobertura publicada por boga.ar, uno de los tramos examinados involucra sobreprecios estimados en al menos 1.849 millones de pesos. La misma información señala que el juez mencionó diferencias de precios superiores a 7.833 millones de pesos en el conjunto de medicamentos e insumos analizados.
Es importante distinguir esas cifras: corresponden a referencias de distinto alcance dentro de la investigación y no deben sumarse ni presentarse como un perjuicio definitivamente establecido por sentencia.
Los imputados y la calificación jurídica
Entre los principales investigados se encuentran Spagnuolo, el exdirector de Acceso a los Servicios de Salud Daniel Garbellini y el empresario Miguel Ángel Calvete.
La resolución también involucra a otras personas vinculadas con la estructura administrativa y comercial que habría intervenido en las operaciones cuestionadas.
De acuerdo con la información publicada, el magistrado examinó posibles responsabilidades por asociación ilícita, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y defraudación por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la Administración Pública nacional.
El procesamiento constituye una resolución propia de la etapa de instrucción. No equivale a una condena ni determina de manera definitiva la responsabilidad penal de los imputados, quienes conservan sus derechos de defensa y las vías de impugnación correspondientes.
La contratación pública bajo examen judicial
El caso vuelve a colocar en discusión los mecanismos de contratación y control administrativo utilizados para adquirir insumos médicos destinados a prestaciones vinculadas con personas con discapacidad.
La investigación busca determinar si existió una organización destinada a alterar los procedimientos de compra para favorecer a determinados proveedores y obtener beneficios económicos indebidos.
La relevancia jurídica del expediente radica tanto en las posibles responsabilidades individuales como en el examen de los controles internos aplicados a contrataciones de alto valor económico.
La ampliación del procesamiento representa un nuevo avance de la instrucción, aunque el alcance definitivo de las imputaciones y la eventual responsabilidad de los acusados deberán resolverse mediante las instancias judiciales correspondientes.