La implementación del nuevo Sistema de Administración de Expedientes (SAE) en el Poder Judicial de Catamarca genera preocupación entre profesionales de la abogacía, que denuncian dificultades para consultar causas, realizar presentaciones y concretar notificaciones judiciales. Los inconvenientes se producen en plena transición hacia el nuevo Código Procesal Civil y Comercial y el modelo de Oficinas de Gestión Asociada, puestos en funcionamiento durante noviembre.
Entre los problemas señalados se encuentran expedientes que no aparecen disponibles en la plataforma, demoras en el despacho de actuaciones y obstáculos para notificar resoluciones ya dictadas. Las dificultades afectan tareas esenciales del ejercicio profesional y plantean interrogantes sobre la continuidad del servicio de justicia durante el proceso de modernización tecnológica.
Una reforma procesal que comenzó en noviembre
El 3 de noviembre de 2026 comenzó a regir en la Primera Circunscripción Judicial de Catamarca el nuevo Código Procesal Civil y Comercial, aprobado mediante la Ley 5925, para los procesos iniciados a partir de esa fecha.
La reforma estuvo acompañada por la implementación del Sistema de Administración de Expedientes (SAE) y la creación de las Oficinas de Gestión Asociada (OGA), una nueva estructura destinada a reorganizar las tareas administrativas de los juzgados civiles y comerciales.
El cronograma de implementación había sido establecido por la Corte de Justicia provincial mediante la Acordada 4852, dictada en septiembre de 2026.
Posteriormente, a través de la Acordada 4858, el máximo tribunal dispuso una feria judicial extraordinaria entre el 26 de octubre y el 3 de noviembre para llevar adelante tareas de migración de expedientes, adecuación tecnológica y reorganización administrativa.
Durante ese período se suspendieron los plazos procesales en los órganos alcanzados por la medida, con previsiones específicas para la atención de asuntos urgentes.
El nuevo sistema informático fue incorporado mediante un convenio de cooperación tecnológica con el Poder Judicial de Tucumán, que proporcionó herramientas de la Plataforma Alberdi y asistencia técnica para su implementación.
Expedientes inaccesibles y dificultades para notificar resoluciones
Uno de los principales problemas denunciados por profesionales de la abogacía es la imposibilidad de acceder a determinados expedientes luego de su migración al nuevo sistema.
Las dificultades no se limitarían a la consulta de actuaciones, sino que también alcanzarían la presentación de escritos y la comunicación de decisiones judiciales que requieren actuaciones posteriores para producir sus efectos.
Entre las situaciones denunciadas se encuentra un conflicto por terrenos en Singuil, departamento Ambato, donde se habría dictado una medida cautelar cuya notificación quedó pendiente debido a inconvenientes relacionados con la migración del expediente.
La falta de notificación de una medida de estas características puede impedir que una decisión judicial produzca oportunamente los efectos previstos, especialmente cuando busca preservar derechos o evitar modificaciones de una situación existente.
También se registraron reclamos vinculados con procesos sucesorios. En uno de los casos señalados, la designación judicial de una administradora de una sociedad comercial no habría podido comunicarse a las entidades bancarias correspondientes, con consecuencias para el funcionamiento de la empresa.
Estas situaciones reflejan la importancia de garantizar que las decisiones adoptadas por los tribunales puedan notificarse y ejecutarse, incluso durante los períodos de transición entre plataformas informáticas.
La convivencia de tres sistemas de gestión judicial
La incorporación del SAE no implicó la desaparición inmediata de las herramientas utilizadas anteriormente por el Poder Judicial de Catamarca.
Actualmente, la transición involucra la coexistencia de diferentes plataformas de gestión y consulta de expedientes.
Entre ellas se encuentran Lex Doctor, utilizado históricamente en dependencias judiciales de la provincia; IURIX, incorporado durante etapas anteriores del proceso de digitalización; y el nuevo SAE, destinado a acompañar el funcionamiento de las Oficinas de Gestión Asociada.
La plataforma en la que debe tramitarse o consultarse cada expediente depende de las reglas de implementación, el fuero correspondiente y la fecha de inicio de la causa.
Esta coexistencia representa un desafío para abogados, funcionarios y empleados judiciales, que deben identificar correctamente el sistema aplicable a cada actuación.
Los inconvenientes adquieren particular relevancia cuando un expediente deja de encontrarse disponible en la plataforma anterior, pero todavía no puede visualizarse o gestionarse adecuadamente en la nueva.
En esos supuestos, la transición informática puede afectar la continuidad de actuaciones que requieren seguimiento profesional o decisiones judiciales oportunas.
El Poder Judicial publicó una guía sobre el funcionamiento del SAE
El 10 de noviembre, el Poder Judicial de Catamarca difundió una guía de preguntas frecuentes destinada a orientar a profesionales y usuarios sobre el funcionamiento del nuevo Código Procesal Civil y Comercial, las Oficinas de Gestión Asociada y el Sistema de Administración de Expedientes.
El documento aborda aspectos operativos de la nueva organización judicial y ofrece información para resolver consultas vinculadas con la utilización de las herramientas informáticas.
Entre las cuestiones planteadas durante la implementación se encuentran la visualización de expedientes migrados, la gestión de escritos y actuaciones y los procedimientos para realizar determinadas comunicaciones judiciales.
La publicación de esta guía forma parte de las medidas de acompañamiento de una transformación que modifica tanto las reglas procesales como la organización administrativa y las herramientas utilizadas para tramitar las causas.
Sin embargo, las dificultades denunciadas por profesionales muestran la necesidad de contar con mecanismos eficaces para resolver los inconvenientes que puedan presentarse durante la adaptación.
El impacto sobre el ejercicio profesional
Para quienes ejercen la abogacía, el acceso a los expedientes y la posibilidad de realizar presentaciones judiciales constituyen condiciones indispensables para desarrollar su actividad.
La consulta de actuaciones, el seguimiento de los plazos, la presentación de escritos y la recepción de notificaciones forman parte de las tareas cotidianas de representación y defensa de los derechos de las partes.
Cuando una plataforma informática presenta dificultades de funcionamiento, las consecuencias pueden extenderse más allá de una demora administrativa.
En determinados procesos, la imposibilidad de acceder a una causa o concretar una notificación puede afectar medidas cautelares, trámites sucesorios, ejecuciones y otras actuaciones que requieren una respuesta judicial oportuna.
La situación también plantea la necesidad de establecer procedimientos alternativos para aquellos supuestos en los que un inconveniente tecnológico impida cumplir una carga procesal.
La digitalización judicial debe facilitar el ejercicio profesional y el acceso a los tribunales, sin trasladar a los litigantes las consecuencias de eventuales problemas técnicos o administrativos.
El derecho de defensa y la tutela judicial efectiva
Las dificultades en el funcionamiento de los sistemas judiciales también deben analizarse desde la perspectiva de las garantías constitucionales.
El derecho de defensa en juicio, reconocido por el artículo 18 de la Constitución Nacional, exige que las partes cuenten con posibilidades efectivas de intervenir en los procesos y ejercer las facultades que les reconoce el ordenamiento jurídico.
A su vez, la tutela judicial efectiva comprende el acceso a la justicia, la obtención de decisiones dentro de plazos razonables y la posibilidad de lograr su cumplimiento.
En ese marco, la disponibilidad de las plataformas de gestión judicial constituye una condición relevante para el funcionamiento del servicio de justicia.
Esto no significa que cualquier inconveniente informático configure automáticamente una vulneración de garantías constitucionales. Su eventual incidencia debe evaluarse según las circunstancias de cada caso, la duración de las dificultades, los mecanismos alternativos disponibles y las consecuencias procesales concretas.
No obstante, la continuidad del servicio exige que los órganos judiciales dispongan de herramientas de contingencia capaces de preservar los derechos de las partes ante interrupciones o fallas tecnológicas.
Los desafíos de la transición tecnológica
La implementación del nuevo Código Procesal Civil y Comercial representa una transformación significativa para la Justicia de Catamarca.
La reorganización de los juzgados mediante Oficinas de Gestión Asociada y la incorporación de una plataforma informática buscan modificar la manera en que se administran y tramitan los procesos judiciales.
Sin embargo, el éxito de esa transformación depende de que las nuevas herramientas puedan funcionar de manera adecuada y garantizar la continuidad de las causas.
Entre los aspectos que requieren seguimiento se encuentran el estado de la migración de expedientes, la resolución de los problemas de acceso, los tiempos de respuesta de las oficinas judiciales y los procedimientos previstos para las actuaciones urgentes.
También resulta importante que los profesionales cuenten con información clara sobre el funcionamiento de las plataformas y los canales disponibles para comunicar inconvenientes.
La modernización de la Justicia constituye un objetivo institucional relevante, pero su implementación debe contemplar las necesidades concretas de quienes utilizan diariamente el sistema.
El desafío para el Poder Judicial de Catamarca será resolver las dificultades de la transición y garantizar que la incorporación de nuevas tecnologías se traduzca en una mejora efectiva del servicio de justicia, sin afectar la tramitación de los expedientes ni el ejercicio de los derechos de las partes.