A pocos días de las elecciones que renovarán la representación de la abogacía en el Consejo de la Magistratura, Alberto Biglieri y Ricardo Gil Lavedra aparecen como dos de los principales referentes de Unidad en Defensa de la Abogacía, un espacio que reúne a dirigentes de distintos colegios profesionales del país.

Biglieri encabeza la lista de candidatos, mientras que Gil Lavedra, expresidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, fue uno de los impulsores de la construcción del espacio.

La propuesta combina experiencia académica, trayectoria institucional y una agenda de reformas orientada a mejorar el funcionamiento del organismo encargado de seleccionar magistrados y ejercer funciones disciplinarias dentro del Poder Judicial de la Nación.

Dos trayectorias vinculadas al Derecho y las instituciones

Alberto Biglieri cuenta con una extensa trayectoria en el ámbito académico y profesional. Es profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, donde también se desempeñó como vicedecano.

Integra, además, el Instituto de Derecho Administrativo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires.

Su recorrido combina la actividad universitaria con el conocimiento del funcionamiento de la administración pública y de las instituciones jurídicas.

Ricardo Gil Lavedra, por su parte, es una figura reconocida de la historia judicial argentina. Integró el tribunal que juzgó a los comandantes de las juntas militares en 1985, uno de los procesos judiciales más importantes desde la recuperación democrática.

También fue ministro de Justicia de la Nación, diputado nacional y presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal.

Su participación en la construcción de Unidad en Defensa de la Abogacía aporta una trayectoria vinculada a la defensa del Estado de Derecho, la independencia judicial y la representación institucional de los abogados.

Aunque cumplen funciones diferentes dentro del espacio, ambos confluyen en una misma propuesta electoral.

Concursos judiciales: mérito, transparencia y menos discrecionalidad

Uno de los principales puntos de la plataforma es la modificación del sistema de selección de magistrados.

La lista propone avanzar hacia concursos con reglas más objetivas, previsibles y transparentes, en los que el mérito y la idoneidad tengan un peso determinante.

Entre las medidas planteadas aparece la reforma del Reglamento de Concursos, tomando como referencia una propuesta formulada por los ministros de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.

El espacio incorpora además un reclamo específico de la abogacía: equiparar la valoración de la experiencia profesional independiente con la trayectoria de quienes ya se desempeñan como funcionarios judiciales.

La propuesta busca evitar que los abogados que ejercen fuera de la estructura de los tribunales queden en desventaja al competir por una magistratura.

También plantea respetar el orden de mérito surgido de las evaluaciones técnicas y reducir los márgenes de discrecionalidad durante el procedimiento.

Independencia judicial y responsabilidad de los magistrados

Otro de los ejes centrales es la defensa de la independencia judicial frente a presiones políticas, económicas o corporativas.

La plataforma sostiene que esa independencia debe estar acompañada por mecanismos efectivos de responsabilidad institucional.

En ese sentido, propone avanzar en la sanción de un Código de Ética Judicial y mejorar los procedimientos disciplinarios para evitar que las denuncias permanezcan paralizadas durante períodos prolongados.

La iniciativa parte de una distinción importante: proteger a los jueces de las presiones externas no significa excluirlos de los controles propios de su función.

El objetivo declarado es fortalecer ambas dimensiones del sistema: independencia para decidir y responsabilidad por el ejercicio del cargo.

La abogacía, en el centro de la representación

La defensa del ejercicio profesional ocupa un lugar específico dentro de las propuestas de Unidad en Defensa de la Abogacía.

El espacio plantea que los representantes de los abogados deben trasladar al Consejo los problemas que enfrentan diariamente quienes trabajan en los tribunales.

Las demoras judiciales, las dificultades de acceso, los problemas de comunicación y las deficiencias administrativas forman parte de esa agenda.

Para abordar estas cuestiones, la lista propone mantener una relación permanente con colegios, asociaciones e instituciones profesionales de todo el país.

La integración de la nómina también refleja esa búsqueda de representación territorial.

Biglieri está acompañado por Claudia Sarmiento, referente de la abogacía de San Juan; Eduardo Bittar, presidente del Colegio de Abogados de Córdoba; y Jazminka Mihaljevic, vicepresidenta de la Caja Forense de Mendoza.

Entre los candidatos suplentes figuran Carlos Más Vélez, Ana Ruiz O'Neill, Guillermo Lipera y Carolina Grillo, provenientes de distintos espacios de la colegiatura.

Modernización, inteligencia artificial y control de gestión

La plataforma incorpora también propuestas relacionadas con la modernización tecnológica del Poder Judicial.

Entre ellas aparecen mejoras en conectividad, equipamiento y sistemas de gestión, además de la incorporación de herramientas de automatización e inteligencia artificial.

El planteo establece que estas tecnologías deben utilizarse con criterios de transparencia y supervisión humana.

La propuesta también contempla la producción y publicación de estadísticas e indicadores que permitan conocer el funcionamiento de los tribunales, evaluar resultados e identificar problemas.

A esto se suma el compromiso de hacer públicas las posiciones y los votos de los representantes en los asuntos institucionalmente relevantes, explicar sus fundamentos y rendir cuentas periódicamente ante la abogacía.

La formación judicial completa los siete ejes de la plataforma, con una propuesta académica abierta, plural y federal.

El 20 de octubre, una elección que define cuatro lugares

Los abogados y abogadas con matrícula federal habilitada votarán el próximo 20 de octubre para elegir a sus cuatro representantes ante el Consejo de la Magistratura de la Nación para el período 2026-2030.

Unidad en Defensa de la Abogacía competirá con otras tres listas: Abogados por la Libertad, Abogacía Unida y Dignidad Profesional, y Abogacía Federal.

La elección definirá quiénes ocuparán los lugares correspondientes a la representación profesional dentro de un organismo que tiene responsabilidades centrales en la selección y disciplina de los magistrados.

En ese escenario, Biglieri y Gil Lavedra buscan posicionar una agenda que combina la experiencia institucional con propuestas sobre concursos, independencia judicial, modernización y participación de los colegios profesionales.

La trayectoria de ambos es uno de los principales elementos con los que el espacio se presenta ante los matriculados. El alcance de sus propuestas y la capacidad de llevarlas adelante formarán parte de la discusión electoral.